La Constitución Política de Colombia de 1991 establece los principios, derechos y deberes fundamentales que rigen la organización del Estado y la vida de sus ciudadanos. Es el marco jurídico supremo que garantiza la democracia, la participación, la protección de los derechos humanos y la estructura institucional del país. Su aplicación es esencial para todas las entidades regulatorias, incluyendo el INVIMA.