La Ley 1474 de 2011 refuerza la lucha contra la corrupción en Colombia mediante la implementación de inhabilidades para contratar con el Estado a personas y sociedades involucradas en delitos contra la administración pública, financiamiento irregular de campañas políticas y ex servidores públicos. Estas medidas buscan mejorar la transparencia y el control en la gestión pública, previniendo conflictos de interés y sancionando conductas que afectan la integridad institucional.