La Ley 734 de 2002 expide el Código Disciplinario Único, regulando el ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos. Define principios rectores, competencias de las entidades de control y derechos de los investigados, asegurando la transparencia y eficacia en la función pública. Este marco normativo es fundamental para la investigación y sanción de faltas disciplinarias en Colombia.