La Ley 962 de 2005, conocida como Ley Antitrámites, promueve la simplificación y automatización de trámites administrativos en entidades públicas y particulares con funciones públicas. Establece principios para evitar exigencias injustificadas, exige la inscripción de requisitos en el SUIT y fomenta el uso de tecnologías para mejorar la eficiencia y reducir costos en la relación entre ciudadanos y la administración.