La Ley 1474 de 2011 dicta medidas administrativas para combatir la corrupción en Colombia, incluyendo inhabilidades para contratar a quienes hayan cometido delitos contra la administración pública o financiado campañas políticas en exceso, y restricciones para ex servidores públicos en la gestión de intereses privados. Estas normas buscan fortalecer la transparencia y el control en la gestión pública.