Bogotá, 31 de agosto de 2026. En una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, especialmente la URI de Usaquén y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y la Gobernación de Cundinamarca se logró un importante resultado contra estructuras dedicadas a la producción y comercialización de licor ilegal.
El operativo, realizado en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, permitió adelantar 11 diligencias de allanamiento en dos centros comerciales, con la incautación de 8.520 unidades de licor adulterado que pretendían llegar al mercado, así como de más de 12.000 elementos secos falsificados, entre estampillas, tapas, sellos y otros elementos de seguridad.
La operación contó además con la participación de la Brigada 13 del Ejército Nacional, el Batallón de Policía Militar No. 15, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Federación Nacional de Departamentos y empresas protectoras de marca.
Además del impacto sobre la circulación de productos que representan un riesgo para la salud de los consumidores, la operación generó una afectación económica directa a las estructuras dedicadas a esta actividad ilegal.
En el mercado clandestino o de acopio, cada unidad podría ser comercializada a intermediarios entre $7.000 y $25.000, lo que representa una valoración preliminar de más de $639 millones de pesos sobre el total del producto incautado.
Finalmente, una vez distribuido en establecimientos como discotecas y bares, el producto podría llegar al consumidor final a precios de entre $80.000 y $200.000 o más por unidad, representando un potencial de ingresos ilícitos superior a los $1.700 millones de pesos.
Estas cifras permiten dimensionar el alcance de la operación, que no solo afecta la producción, logística y comercialización de las estructuras involucradas, sino también su capacidad de generación de recursos provenientes de esta actividad ilícita. En este sentido, la incautación de las 8.520 unidades representa un golpe directo a sus finanzas y a su capacidad de poner nuevamente estos productos en circulación.
Así mismo, se estima que estas actividades ilícitas representan para el departamento de Cundinamarca un impacto superior a los $80.000 millones de pesos anuales, correspondientes al no recaudo del impuesto al consumo de licores. Estos recursos que dejan de ingresar afectan la capacidad del departamento para destinar recursos a programas y proyectos en beneficio de los ciudadanos.
“Estas acciones conjuntas contribuyen a fortalecer las capacidades de reacción contra la ilegalidad. Seguimos comprometidos en salvaguardar la vida de los cundinamarqueses y bogotanos y, por supuesto, en proteger las rentas departamentales”, señaló Luis Armando Rojas Quevedo, Secretario de Hacienda.
Para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el resultado de esta operación también representa una acción fundamental para prevenir riesgos asociados al consumo de bebidas adulteradas.
“Para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, retirar estas botellas del mercado significa evitar una potencial emergencia de salud pública en los hogares bogotanos y cundinamarqueses. Con esta acción, estamos salvando vidas de forma directa”, indicó Amira Anaya, coordinadora del Grupo de Unidad de Reacción Inmediata del Invima.
La funcionaria agregó que la falsificación, alteración y reutilización de empaques y sellos se ha sofisticado, por lo que la entidad reitera el llamado a la comunidad a ser el primer anillo de seguridad. En ese sentido, recomendó desconfiar de precios sospechosamente bajos, adquirir las bebidas en establecimientos de total confianza y verificar siempre el registro sanitario, así como la integridad de los empaques, etiquetas, tapas y sellos de seguridad, entre otros elementos.
La Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca y las demás entidades participantes mantienen su trabajo articulado para enfrentar las estructuras que se lucran de la ilegalidad, proteger a los consumidores y fortalecer las acciones de control frente a la fabricación, adulteración y comercialización de bebidas alcohólicas ilegales.
La lucha contra la ilegalidad continúa, buscando proteger la salud de los consumidores, desarticular las estructuras que se lucran de estas actividades y proteger los recursos públicos.